El abogado Enrique Cabrera, defensor de Alexis Aguilar, propietario de los departamentos donde se hallaron cámaras ocultas, sostuvo que no existen pruebas concluyentes que acrediten la responsabilidad directa de su cliente y denunció una “condena mediática anticipada” en un caso que conmociona a La Rioja.
En declaraciones a Radio Fénix, Cabrera afirmó que Aguilar no cuenta con respaldo político ni exposición pública que pueda incidir en la causa y cuestionó el trato judicial recibido. “Si fuera una persona influyente, ya estaría en libertad”, expresó. Además, remarcó que la defensa se ampara en la presunción de inocencia y colabora con la Justicia mientras avanzan los peritajes técnicos.
El letrado pidió cautela ante el juicio social y mediático: “Hay un clima de condena previa que no garantiza el debido proceso”, señaló, y reclamó que las decisiones se adopten sin presiones externas.
LA QUERELLA ADVIERTE QUE LA CAUSA PODRÍA AMPLIARSE
Las declaraciones de la defensa contrastan con lo planteado por la querella, representada por el abogado Sergio Gómez, quien aseguró que la investigación podría sumar nuevas víctimas. Según indicó, existiría un patrón de selección de inquilinas: mujeres jóvenes, en su mayoría del interior provincial y dentro de una franja etaria específica, lo que reforzaría la hipótesis de un accionar sistemático.
Gómez afirmó que las jóvenes habrían sido filmadas de manera permanente, comparando la situación con “una casa de Gran Hermano”, y sostuvo que el acusado tenía copias de las llaves y acceso a los departamentos sin autorización.
IMPUTACIÓN, VACÍOS LEGALES Y VIOLENCIA DE GÉNERO
Aguilar permanece detenido e imputado por violación de domicilio en concurso real (tres hechos), un delito cuya pena máxima es de dos años. Desde la querella señalaron vacíos legales para tipificar con precisión el espionaje íntimo mediante cámaras ocultas y cuestionaron fallas iniciales en el acompañamiento a las víctimas.
La fiscal Nadia Schargrodsky calificó la situación como de “riesgo extremo” para las denunciantes, encuadró el caso como violencia de género y ordenó peritajes sobre dispositivos secuestrados, además de medidas de protección, como la prohibición de contacto y de difusión de imágenes.
La causa sigue abierta, no se descarta su ampliación y el impacto social continúa creciendo en la provincia.
