La dirigente radical Inés Brizuela y Doria se convirtió en una de las voces más fuertes contra la corrupción en La Rioja, tras presentar en 2016 una serie de denuncias ante la Oficina Anticorrupción, hoy investigadas por la Justicia Federal.
En aquella entrevista del 25 de agosto de 2016, Brizuela y Doria —quien venía de perder la intendencia capitalina en 2015 por pocos votos frente a Alberto Paredes Urquiza, pero que luego la ganaría en 2019 ante Tere Madera— habló sin rodeos sobre las maniobras que denunciaba desde hacía años.
▶️ En ese momento afirmó que una de las fundaciones investigadas tenía vínculos con el entonces intendente capitalino Paredes Urquiza; otras con el vicegobernador Néstor Bosetti; y varias más con funcionarios de la gestión de Luis Beder Herrera.
La ex diputada provincial, nacional, senadora e intendenta recordó su frustración por la falta de avance de las causas en la Justicia provincial:
“Las dejan en el último cajón, o las declaran prescriptas. Nos pasó con la denuncia del choque de los helicópteros, con ‘droga por votos’, con el Banco Rioja y los 570 millones que sacaban en bolsas de consorcio hacia ONGs”.
Brizuela y Doria explicó que, ante esa inacción, juntaron toda la documentación y la llevaron directamente a la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Tiempo después, la OA presentó formalmente la denuncia.
Para la dirigente, todo respondía a “un aparato de corrupción montado desde el Estado, comandado por Julio De Vido”, lo que consideró “la ruta del dinero K en La Rioja”.
Según detalló, el esquema funcionaba así:
💰 Ministerio de Planificación (De Vido) →
🏛️ Vivienda e Infraestructura de la Provincia →
🏢 Fundaciones y ONGs →
👤 Cuentas de particulares
Todo bajo el argumento de financiar mejoramientos habitacionales y viviendas sociales.
Las denuncias ingresaron en el juzgado de la jueza Santillán de Martín el 28 de junio de 2016, pero el juzgado se declaró incompetente y derivó el expediente al Juzgado Federal de La Rioja. El 2 de agosto de 2016, la causa pasó a evaluación del fiscal.
“Vamos a presentarnos ante el fiscal como ciudadanos para pedir en qué estado está el expediente. No queremos que pase lo mismo que siempre”, expresó la dirigente en aquel momento.
