Este viernes por la tarde, un grupo de inquilinos autoconvocados presentó una denuncia penal contra Luciana Porras Luján, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de La Rioja, luego de que la dirigente mantuviera una entrevista con la Radio de Titi Bosetti en la que se refirió con tono irónico a la situación de quienes enfrentan aumentos de alquileres de hasta un 350%, con valores que alcanzan los $500.000 y en algunos casos superan el millón de pesos mensuales.
Durante la entrevista, Porras negó que los inquilinos estén atravesando una situación crítica y afirmó que “el mercado se encuentra en equilibrio”, desestimando los datos difundidos por la Unión de Inquilinos, que alertan sobre subas del 85% en lo que va del año. “No sé de dónde sacan esa información, los aumentos reales no superan el 7% anual”, declaró.
INDIGNACIÓN Y REPUESTA JUDICIAL
Las declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales y entre organizaciones de inquilinos, que calificaron sus dichos como una “burla cruel” frente a la crisis habitacional que atraviesa la provincia. En respuesta, este grupo decidió avanzar con una denuncia penal, argumentando que las expresiones de Porras constituyen una falta de respeto institucional y una negación del sufrimiento social que podría configurar incitación al desinterés público o desinformación maliciosa.
LA RADIO CÓMO ESCENARIO DE CONFLICTO
La entrevista fue emitida en vivo por la radio de Titi Bosetti, medio que se ha convertido en espacio clave para visibilizar las tensiones entre el sector inmobiliario y los inquilinos. En ese contexto, las palabras de Porras no solo generaron indignación, sino que también activaron un proceso de organización comunitaria que derivó en la presentación judicial.
CONTEXTO PROVINCIAL Y DEBATE PÚBLICO
La situación se da en medio de un debate creciente sobre la regulación del mercado de alquileres en La Rioja. Desde el Gobierno provincial se han anunciado intenciones de intervenir ante los abusos, mientras que desde la Cámara Inmobiliaria se insiste en que “el problema no son los requisitos, sino los bajos sueldos”.
La denuncia penal marca un nuevo capítulo en esta disputa, y abre interrogantes sobre el rol institucional de quienes representan al sector inmobiliario en un contexto de crisis habitacional.
