La presentación de un amparo por parte de la provincia no sólo frenó el recorte en el territorio riojano, sino que además impulsó a otras jurisdicciones, como Catamarca, a seguir el mismo camino.
El intento del Gobierno nacional de recortar pensiones por discapacidad encontró en La Rioja un muro de contención político y judicial que terminó sentando un precedente a nivel federal: el Juzgado Federal de la provincia dictó una medida cautelar que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir la pensión no contributiva por invalidez a una mujer riojana.
La presentación de un amparo por parte de la provincia no sólo frenó el recorte en el territorio riojano, sino que además impulsó a otras jurisdicciones, como Catamarca, a seguir el mismo camino.
Para el Gobierno riojano, la acción judicial fue mucho más que un trámite legal: significó una definición política frente a la lógica de ajuste que impulsa la Nación. “La Rioja eligió no mirar para otro lado”, señalaron fuentes provinciales al subrayar que la defensa de los sectores vulnerables no puede reducirse a una variable fiscal.
El fallo favorable de la Justicia tuvo, además, un efecto multiplicador: el juez federal de Catamarca Guillermo Díaz Martínez dictó una resolución tras el reclamo de una asociación de padres de personas con discapacidad motriz, un fallo similar y de tratamiento parecido al que se vivió en La Rioja.
