La Cámara Federal de Córdoba – Sala B dictó este jueves 13 de noviembre una resolución clave en la causa que investiga la legalidad de la candidatura de la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), Natalia Celeste Álvarez Gómez, impulsada por una denuncia presentada meses atrás.
La resolución lleva las firmas de los camaristas Abel Guillermo Sánchez Torres (presidente), Liliana Navarro, Graciela S. Montesi y del secretario Miguel H. Villanueva.
La medida cautelar quedó sin efecto, pero la causa sigue abierta
El tribunal declaró “cuestión abstracta” el pedido de medida cautelar que buscaba frenar la asunción de Álvarez Gómez (realizada en diciembre de 2024).
Sin embargo, dejó algo fundamental por sentado: el fondo de la causa continúa y deberá resolverse.
La Cámara confirmó que aún resta analizar si la oficialización de la candidatura respetó la Ley de Educación Superior 24.521 y el Estatuto de la UNLaR.
La UNLaR tiene 10 días para responder
El tribunal ordenó correr traslado del recurso a la Universidad Nacional de La Rioja, que ahora dispone de 10 días para presentar su contestación formal.
Citan a la rectora y a la Lista Naranja como terceros interesados
Siguiendo el criterio de la Corte Suprema en el caso “Ruarte Bazán”, la Cámara dispuso por primera vez:
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Citar a Natalia Álvarez Gómez,
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Citar a la agrupación Movimiento por una Nueva UNLaR – Lista Naranja Nº10.
Ambos deberán contestar demanda y plantear excepciones en un plazo de 10 días.
Es la primera vez que la Justicia Federal ordena su citación directa, incorporándolos formalmente al proceso.
Qué analizará ahora la Justicia
La Cámara dejó claro que existe materia suficiente para revisar:
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Si Álvarez Gómez podía legalmente ser candidata,
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Si la Junta Electoral actuó conforme a la normativa,
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Si la oficialización de la candidatura fue válida.
Si se determina que la candidatura se oficializó violando la ley o el estatuto, la oficialización podría ser anulada, abriendo la discusión sobre la validez de la elección completa.
Costas y continuidad del expediente
El tribunal impuso las costas en el orden causado, recordó al juzgado de origen verificar posibles tasas judiciales impagas, y ordenó continuar el expediente según su estado.
La causa, lejos de cerrarse, sigue en trámite y deberá resolverse de fondo.
