La Universidad de Buenos Aires (UBA) iniciará acciones judiciales para exigir que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y de Recomposición Salarial, promulgada pero suspendida por el propio Ejecutivo.
El Consejo Superior de la UBA resolvió avanzar con medidas legales “a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública”.
Según la resolución, el decreto que suspende la aplicación de la ley “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos” y “vulnera los derechos constitucionales del sistema universitario”, al impedir el acceso al financiamiento y a la recomposición salarial previstos.
La institución atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes. Con la prórroga del Presupuesto 2023 y una inflación creciente, los salarios docentes y nodocentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo.
“La no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”, concluye el comunicado.
