La Fiscalía de Estado dejó entrever que buscarán prisiones preventivas para la «detención inmediata de los violentos».
El Gobierno de la provincia argentina de Jujuy decidió constituirse como querellante en los procesos penales en curso sobre la ola de manifestaciones recientes, informaron medios locales.
A nombre del gobernador Gerardo Morales, la Fiscalía de Estado de Jujuy pide a la Justicia condenas de hasta 25 años y multas que podrían alcanzar el millón y medio de pesos (alrededor de 5.760 dólares).
