Desde la medianoche del 22 de octubre, el gobierno peruano decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, una medida que estará vigente durante 30 días. La decisión, firmada por el presidente José Jerí, responde al incremento de la violencia y la criminalidad que afecta a más de 10 millones de habitantes.
El decreto autoriza a las fuerzas del orden a ingresar a domicilios sin necesidad de orden judicial y suspende el derecho a la reunión pública. Además, se implementan restricciones adicionales como la prohibición de que dos adultos se desplacen en una misma motocicleta, y se limitan las visitas y el suministro eléctrico en centros penitenciarios.
La Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, patrullará las zonas consideradas de alto riesgo. Las autoridades podrán detener personas sospechosas sin orden judicial, en un intento por contener delitos como el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas.
El gobierno sostiene que estas medidas buscan recuperar el control del orden interno y garantizar la seguridad ciudadana en un contexto de creciente preocupación social.
