En el departamento Chilecito, crece la controversia en torno al secretario de Ambiente de la Provincia, abogado Santiago Azulay, quien continúa en funciones pese a estar imputado por la Justicia.
El hecho fue dado a conocer durante una entrevista del comunicador Daniel Rosendo Frías al empresario ganadero Luis Fabián Cuevas, quien denunció que Azulay habría causado la muerte de tres ovejas con un arma de fuego en su establecimiento rural.
Según explicó Cuevas, el episodio ocurrió antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre, aunque no se difundió públicamente hasta contar con las actuaciones judiciales correspondientes.
El fiscal Ariel Ormeño formuló la imputación contra Azulay por el delito de daño, y en el expediente constan declaraciones donde se sostiene que el funcionario habría amenazado a efectivos policiales, según lo manifestado por Cuevas:
“Dijo tener un arma y no tener miedo de usarla contra nadie”, señaló, afirmando que tal cita figura en la causa.
Además, Cuevas sostuvo que no se ha determinado si el funcionario posee autorización legal para la tenencia del arma, y denunció irregularidades administrativas que afectan a su emprendimiento ganadero, ubicado en la zona rural cercana al inmueble de Lorenzo “Loro” Waidatt.
El empresario apuntó contra funcionarios municipales —entre ellos el secretario de Gobierno Ramón Carrizo y la jueza de Faltas Mónica Mazud de Chade— por supuestas demoras y pérdida de expedientes. Sus abogados, Dr. Mario Emilio Pagotto y Carolina Pagotto, realizaron una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, Cuevas señaló que Azulay habría solicitado la aplicación de la Ordenanza 223/84, mientras que otras instituciones locales, como la Universidad Nacional de Chilecito, no habrían recibido el mismo trato ante infracciones similares, según denuncias del Colegio de Arquitectos.
El productor pidió que el Concejo Deliberante de Chilecito analice posibles juicios políticos a funcionarios por presunto mal desempeño.
Por otra parte, documentos dentro del expediente —según Cuevas— incluyen un acta firmada por el ex secretario de Producción y Ambiente, Ing. Pablo Nasif, junto a Alejandro Maleh y Marcelo Pérez Moreno, donde se indicaba que “no existían objeciones para el desarrollo de la actividad”.
El caso generó repercusiones políticas y el reclamo de sectores que piden explicaciones al Gobierno provincial sobre la continuidad de Azulay en el cargo, mientras el expediente judicial sigue en trámite.
