El Gobierno nacional prevé destinar en 2026 un total de 4,8 billones de pesos a las Universidades Nacionales. Sin embargo, este incremento es cuestionado por los rectores, quienes exigen que se cumpla con la ley aprobada por el Congreso, la cual fijaba un esquema de actualización progresiva del presupuesto universitario.
Los montos previstos para las instituciones educativas están incluidos en el Proyecto de Presupuesto 2026, que el Ejecutivo buscará aprobar con el acompañamiento de sus aliados parlamentarios durante las sesiones extraordinarias que tendrán lugar entre el 10 y el 31 de diciembre.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman una asignación de 7,2 billones de pesos, cifra que consideran necesaria para sostener los gastos operativos, el mantenimiento edilicio y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
Aunque el Gobierno mantiene su negativa a otorgar ese monto, algunos diputados cercanos al oficialismo no descartan que pueda incorporarse algún ajuste adicional para las casas de estudio.
La ley que establecía el aumento de fondos fue nuevamente ratificada por el Congreso luego del veto presidencial, pero el Ejecutivo decidió no ponerla en marcha bajo el argumento de que la norma no especificaba la fuente de financiamiento, lo que generó un fuerte rechazo por parte de la oposición.
El Proyecto de Presupuesto 2026 también fija nuevos parámetros de rendición y control de los gastos universitarios. Las instituciones deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias toda la información requerida para asignar, ejecutar y evaluar los fondos recibidos.
El texto advierte que el Ministerio de Educación podrá interrumpir las transferencias en caso de que las universidades no envíen la documentación en tiempo y forma.
A su vez, se establece que los presupuestos aprobados por cada universidad deberán detallar la clasificación funcional en áreas de educación y cultura; salud; y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución contable y la cuenta de inversión también deberán contemplar estos criterios.
FINANCIAMIENTO DOCENTE
El Gobierno tampoco implementará por tercer año consecutivo la Ley de Financiamiento Docente, que obligaba a destinar el 6% del PBI a educación. Tampoco se ejecutarán los niveles de inversión fijados en la Ley de Educación Técnico Profesional ni en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Ejecutivo resolvió eliminar los pisos de inversión establecidos por la Ley de Educación Nacional, dejando los montos sujetos a lo que definan anualmente las leyes de presupuesto.
La OPC recordó que el objetivo del 6% del PBI solo se cumplió en un solo ejercicio. También señaló que el piso del 0,2% para Educación Técnico Profesional solo se alcanzó durante el primer año del fondo. En cuanto a ciencia y tecnología, nunca se lograron las metas de crecimiento progresivo previstas por la normativa.
