Con Nicolás Posse como protagonista, el encuentro sirvió para reconstruir la confianza, pero se anticipa una discusión por la recaudación; las diferentes posturas de los mandatarios
Los emisarios de Javier Milei y los gobernadores escenificaron una tregua en la Casa Rosada para reflotar la ley ómnibus. Fue una reunión respetuosa y cordial, que sirvió para dar un primer paso en la reconstrucción de la confianza y sentar las bases de un principio de acuerdo.
Durante las cuatro horas de reunión, Posse estuvo escoltado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los artífices del “Pacto de Mayo”, la gran apuesta política de Milei para asegurar la gobernabilidad mientras avanza con su profundo plan de ajuste fiscal para bajar la inflación, y los secretarios José Rolandi, Lisandro Catalán y Carlos Guberman, el enviado de Luis “Toto” Caputo, titular del Palacio de Hacienda. Todos ellos se dedicaron a realizar devoluciones técnicas, ante las preocupaciones que expresaron los caciques o los pedidos de compensaciones por la poda de fondos. Mientras tanto, el Presidente permanecía recluido en la residencia de Olivos, a 17 kilómetros de una cumbre de alto voltaje político.
Apenas arrancó la reunión, Posse presentó la nueva versión de la ley “bases”. Tras el fallido intento de aprobar en particular la letra chica del megaproyecto en Diputados, el Presidente confeccionó ahora una iniciativa más acotada – tendría 190 artículos-, que incluye el corazón económico del paquete de reformas: las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, las privatizaciones -con una lista reducida de empresas públicas-, la reorganización administrativa del Estado, las desregulaciones económicas y la reforma en hidrocarburos y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Además, Posse y los representantes de Milei confirmaron ante los gobernadores la intención de impulsar dentro de la ley ómnibus una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, atada a un ajuste mensual por IPC a partir del mes de abril. Y prometieron motorizar una recomposición de diez puntos porcentuales. También hablaron de incluir un vinculado a la “promoción del empleo registrado”, es decir, la creación de un nuevo régimen de blanqueo laboral.
La reunión se desarrolló en un clima cordial pese a los últimos desencuentros entre Milei y los gobernadores por el recorte de fondos. Hubo intercambios acalorados y reclamos variados de los gobernadores por el efecto del ajuste en sus provincias.
Posse y los gobernadores consensuaron crear dos comisiones (una económica y otra política) para motorizar la confección de la nueva ley. Las primeras reuniones están previstas para la semana próxima. Pero Posse hizo hincapié en que la Casa Rosada requiere celeridad para aprobar las reformas.
El Gobierno les ofrece a los gobernadores un paquete fiscal de alivio fiscal a cambio de que se comprometan a respaldar al oficialismo en la votación de la “ley bases”. El anzuelo que ofrece Milei es la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Ese es ahora, junto a la nueva ley de movilidad, el tema más espinoso, ya que varios mandatarios no quieren pagar el costo de su reposición y promueven alternativas para recuperar fondos que perdieron las provincias por la reforma de Sergio Massa, como establecer un gravamen a los altos ingresos o coparticipar el impuesto al cheque o ganancias. La liga de los patagónicos, sobre todo, Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rolando Figueroa (Neuquén), le enrostraron a Posse y a Francos su disconformidad con la chance de revertir la reforma de Ganancias, por el impacto que tendría en sus distritos. “Si no están los votos para reponer Ganancias, busquemos alternativas”, plantearon los mandatarios del bloque dialoguista. Antes de desembarcar en la Casa Rosada, el club de los gobernadores peronistas acordó cerrar filas para evitar la reinstauración del gravamen.
El Presidente y los gobernadores juegan una carrera contra el tiempo. Mientras Milei requiere parar la pelota para sortear marzo y abril, los meses que se aventuran más críticos para su administración por los efectos de la recesión, y exhibir a la ciudadanía la luz al final del túnel con la reducción de la inflación a un dígito, los mandatarios lucen urgidos por atender más pronto que tarde sus necesidades financieras, ya que deben pagar los sueldos en sus distritos de estatales y policías.
