El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja, junto con la Policía de la Provincia, confirmó el apartamiento de las autoridades de la Comisaría de Ulapes y de cinco efectivos policiales tras una denuncia por un presunto mal accionar durante un procedimiento realizado en el marco de la investigación de un robo ocurrido el pasado 15 de junio.
La medida fue adoptada de manera inmediata luego de que se conociera una denuncia por la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales de personas que se encontraban circunstancialmente en la zona y que eran consideradas las principales sospechosas del hecho investigado.
Como parte de las actuaciones, el Gobierno provincial dispuso el apartamiento del jefe y del segundo jefe de la dependencia policial, quienes ya fueron reemplazados por nuevas autoridades.
Además, se ordenó la separación preventiva de cinco efectivos que habrían participado en el procedimiento y la intervención de la Dirección General de Asuntos Internos para determinar las posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias.
En paralelo, la Justicia investiga las denuncias de los detenidos, quienes aseguran haber sido víctimas de golpes y otros presuntos apremios ilegales durante el operativo. Los médicos forenses constataron la existencia de lesiones, cuya relación con los hechos denunciados será determinada en el marco de la investigación judicial.
Mientras el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, aseguraba que el Gobierno actuaría con firmeza y no toleraría conductas que se aparten de la ley, el abogado de los denunciantes, Nicolás Mercado, consideró que el desplazamiento de las autoridades policiales representa un «lavado de cara» tardío y responsabilizó al ministro y a la cúpula policial por la continuidad de prácticas violentas dentro de la institución.
Los médicos forenses constataron la existencia de marcas y lesiones corporales en los denunciantes.
Recordamos que el operativo policial comenzó tras denunciarse el robo de más de 20 millones de pesos y las escrituras de una propiedad rural en la zona sur de la provincia. Siguiendo supuestos rastros del hecho, la policía demoró a sospechosos en una vivienda lindante. Posteriormente, los detenidos acusaron haber recibido violentas golpizas por parte del personal de la fuerza policial actuante.
