EL FRENTE FINANCIERO DE LA RIOJA SUMÓ NUEVOS FOCOS DE CONFLICTO CON LA CASA ROSADA, ESTRUCTURADOS SOBRE DOS EJES CENTRALES QUE MARCAN LA DISTANCIA DE LA PROVINCIA CON EL MODELO DE NACIÓN

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Se trata de la coparticipación federal y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El secretario General de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, confirmó que la provincia continúa a la espera del desembolso de un adelanto financiero por parte del Gobierno nacional. El funcionario destacó que la medida ya cuenta con la firma del presidente Javier Milei y fue publicada en el Boletín Oficial.

Herrera señaló que estos recursos son fundamentales para atender compromisos financieros y garantizar el normal funcionamiento de la administración provincial.

En una fuerte ofensiva, los principales alfiles del gobernador Ricardo Quintela salieron a advertir sobre un drástico estrangulamiento de los recursos y ratificaron el portazo definitivo a las políticas de incentivo fiscal del gobierno libertario.

Este año, entre enero y mayo, por la inflación La Rioja recibió $16.000 millones menos de coparticipación en términos reales respecto de los mismos cinco meses de 2025.

La inquietud de la administración riojana no se agota en el goteo diario de fondos. El Ejecutivo local sigue esperando el desembolso de un adelanto financiero que ya cuenta con la firma del presidente Javier Milei y fue publicado en el Boletín Oficial.

Se trata de un esquema de asistencia estructurado a modo de préstamo, diseñado para ejecutarse en tres cuotas consecutivas durante abril, mayo y junio, con un esquema de devolución previsto entre agosto y diciembre a una tasa conveniente del 15%.

La documentación para que eso avance ya fue presentada por la Provincia y los fondos no aparecen.

En paralelo a la disputa por el envío de los fondos coparticipables, el Gobierno riojano terminó de sepultar cualquier posibilidad de que la provincia adhiera al RIGI y a su versión ampliada, el «Súper RIGI», los esquemas de flexibilización cambiaria, aduanera e impositiva diseñados por la Nación para atraer capitales masivos en áreas estratégicas como la minería, la energía y el petróleo.

 

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