Durante los últimos días, la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) se vio sorprendida por una disposición que exige, como requisito obligatorio para la inscripción a las carreras, el “comprobante de pago de trámite de certificación de documentación”. La medida fue publicada oficialmente en las redes institucionales, incluyendo datos bancarios para realizar la transferencia.
El Espacio Gesto UNLaR expresó su profunda preocupación ante lo que considera un avance sobre uno de los pilares fundamentales de la universidad pública: la gratuidad. En su comunicado, el espacio solicita información urgente y transparente respecto al fundamento normativo que habilita este cobro, la autoridad que lo resolvió, el carácter obligatorio o voluntario del pago y el destino de los fondos recaudados.
Desde la agrupación recordaron que la Universidad Nacional de La Rioja es una institución pública cuya misión fundante es garantizar el acceso libre, gratuito e irrestricto a la educación superior. La incorporación de cualquier tipo de costo económico en los procesos de inscripción, advierten, constituye una forma de arancelamiento encubierto que contradice los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y el propio Estatuto Universitario.
“La educación pública es un derecho social, no un servicio mercantilizable”, afirman desde Espacio Gesto UNLaR, y agregan que ningún trámite administrativo puede convertirse en una barrera económica para el ingreso de estudiantes a la universidad. Por ello, solicitan la inmediata revisión de la medida y la restitución plena del principio de gratuidad en todo el proceso de inscripción.
La defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad no es un capricho ni una consigna vacía: es una causa que atraviesa generaciones y que sostiene la posibilidad de un futuro más justo e igualitario.
Porque la educación pública no se negocia.
Se defiende.
