La Corte Suprema desestimó, por unanimidad, dos planteos contra la vigencia de la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo.
El máximo tribunal rechazó por cuestiones formales dos acciones de amparo contra el Estado, en las que reclamaban a la Justicia la inconstitucionalidad de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en diciembre de 2020 por el Senado y que entró en vigencia el 24 de enero de 2021.