Un dictamen cerró la discusión: el Ministerio Público Fiscal concluyó que no hay elementos para sostener la denuncia por prevaricato presentada por la ex jueza Virginia Illanes Bordón contra el juez Marcelo Carrizo y resolvió no avanzar con una investigación penal, al considerar que la conducta denunciada no configura delito.
El fiscal interviniente, Dr. Ariel Ormeño Reynoso, sostuvo que el prevaricato exige que un juez dicte una resolución contraria a la ley de manera deliberada, con conocimiento y voluntad de hacerlo, algo que —según el análisis del expediente— no puede deducirse solo porque una resolución haya sido cuestionada o interpretada de forma distinta.
En ese marco, el dictamen señala que no alcanza con que una decisión judicial sea considerada errónea, injusta o discutible desde lo jurídico para que exista delito, ni tampoco que haya criterios controvertidos, si no se acredita una actuación maliciosa del magistrado al momento de resolver.
El Ministerio Público Fiscal indicó que no se pudo demostrar que el juez Carrizo haya actuado con intención de contrariar la ley o la Constitución, ni que haya utilizado fundamentos falsos para sostener su resolución, descartando así los elementos subjetivos necesarios para encuadrar el hecho en la figura penal denunciada.
Con esos fundamentos, la fiscalía consideró que se trata de una conducta atípica en términos penales y solicitó el archivo de las actuaciones, remarcando que los desacuerdos con decisiones judiciales deben canalizarse por vías recursivas y no mediante denuncias penales sin respaldo suficiente.
