El secretario general de los trabajadores de seguridad privada, Leonardo Vera, confirmó que el gremio consiguió un objetivo central: evitar que 55 empleados del Hospital Vera Barros fueran desplazados tras el cambio de empresa encargada del servicio.
Vera detalló que el martes, a las 18 horas, se llevó a cabo una audiencia en la Secretaría de Trabajo con autoridades del hospital, funcionarios de Salud Pública, representantes del sindicato y las empresas involucradas —la saliente, Prevenir, y la entrante, Omega, de Tucumán—. “Cumplimos nuestra meta: ningún compañero se quedó sin empleo. Logramos garantizar la continuidad laboral y preservar la mano de obra local”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que el conflicto sigue abierto. Según denunció, la Secretaría de Trabajo constató que varios trabajadores fueron presionados para firmar renuncias sin recibir indemnización, hecho que quedó registrado en actas oficiales. “Eso es lo más grave. Está probado que hubo presiones. Ese tema se va a judicializar porque no vamos a permitir que las empresas evadan sus obligaciones”, sostuvo.
Además, señaló que los empleados quedaron en “foja cero”, sin reconocimiento de antigüedad y expuestos a decisiones arbitrarias de la patronal. Por este motivo, UPSAP declaró estado de alerta y movilización permanente.
Vera también reveló que intentaron convocarlo a una reunión informal para “arreglar” la situación, propuesta que rechazó de inmediato. “No negociamos los derechos de los trabajadores. Las discusiones deben darse con nuestros delegados y la comisión. No vamos a permitir atropellos”, afirmó.
Finalmente, adelantó que el próximo miércoles asistirá a una reunión nacional en Buenos Aires con la Federación de gremios de seguridad privada, con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en otras provincias. También cuestionó que el servicio haya sido adjudicado a una empresa tucumana: “En La Rioja hay firmas capacitadas. Pedimos que se reflexione: el dinero debe quedarse en la provincia y no irse afuera”, remarcó.
