Según la CBPA (Coalition of Argentine Provincial Bondholders), la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas, formada por un grupo de administradores de fondos internacionales con inversiones de más de $3 mil millones en bonos emitidos por provincias argentinas, los miembros del Grupo Ad Hoc de Bonistas de La Rioja (el «Grupo»), titulares de 63% de los Bonos al 9,75% circulantes con vencimiento en 2025 (los «Bonos») emitidos por la Provincia de La Rioja (la «Provincia»), presentaron una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, solicitando una sentencia contra la Provincia como resultado del incumplimiento por su parte de las obligaciones contractuales de los Bonos.
Hasta la fecha, la Provincia no ha abonado dos pagos semestrales de los intereses devengados por los Bonos. La Provincia no ha hecho ningún esfuerzo serio, ni antes del impago ni desde entonces, para negociar con el Grupo una reestructuración consensuada de la deuda.
Los Bonos fueron emitidos como «Bonos verdes», una modalidad especial para la financiación de proyectos con ventajas medioambientales positivas. La Provincia aplicó la recaudación de los Bonos para financiar parte de la construcción del Parque Eólico Arauco, una sociedad comercial en la que tiene una participación del 92,3%. El parque eólico tiene una capacidad de 150 MW en explotación comercial, y 100 MW adicionales en construcción. Los proyectos de Arauco se benefician de contratos de compra de electricidad vinculados al dólar, y constituyen un valioso activo económico de la Provincia. Solamente sus proyectos actualmente en explotación generan un EBITDA (indicador financiero del beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros) de más de 40 millones de dólares. En este contexto, el impago de la Provincia no tiene precedentes.
Con su actitud, la Provincia ha enviado a la comunidad internacional el mensaje de que es aceptable captar dinero en los mercados internacionales, utilizar los fondos así recaudados para construir activos de gran valor comercial para, a continuación, omitir alevosamente sus obligaciones de pagar a sus prestamistas.
De este modo, la Provincia no solamente perjudica a su propio entorno de inversiones y a las futuras perspectivas económicas, sino también a todas las demás provincias y a la economía de la República Argentina, dando la impresión de que este país puede desatender las normas más básicas de ética comercial.
En los últimos meses, otras nueve provincias argentinas han pactado acuerdos de reestructuración de deudas con sus bonistas internacionales a través de negociaciones de buena fe. Es de destacar que, a diferencia de las provincias que han alcanzado acuerdos con sus acreedores, La Rioja aprobó un presupuesto en 2021, propuesto por sus autoridades ejecutivas, que no incluye ninguna partida para el pago de intereses a sus bonistas internacionales, aunque sí incluye partidas para el pago íntegro de intereses y capital a todos sus demás acreedores.
El presupuesto de ese año de la Provincia asigna apenas un 0,5% de los ingresos al pago de los intereses de sus demás deudas. Los pagos de intereses contractuales estipulados por los Bonos, que la Provincia no ha incluido en el presupuesto a pesar de sus obligaciones legales de pagar a los bonistas, ascienden al 3,4% de los ingresos proyectados. Dentro de este contexto, el presupuesto de la Provincia proyecta un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. Queda así en evidencia de que el impago por parte de la Provincia no es consecuencia de una necesidad, sino de una maniobra oportunista para rehuir sus obligaciones legales. Esto es todavía más evidente por cuanto los pagos federales de coparticipación (que son el grueso de los ingresos provinciales) han crecido significativamente en términos reales, y superan con creces los niveles presupuestados.
No obstante la postura poco constructiva de la Provincia, en los últimos meses, el Grupo ha intentado negociar de buena fe con la Provincia. El Grupo se ha mostrado dispuesto a iniciar negociaciones basadas en los Principios Básicos de la Coalición de Bonistas de Provinciales Argentinos («CBPA»), que han sido los fundamentos de las reestructuraciones de deuda con otras provincias. Es más que evidente que el hecho de que este intento no haya tenido éxito no recae en los tenedores de bonos de la Provincia, sino en las autoridades provinciales de La Rioja.
Enfrentados a un deudor que ha decidido impagar de manera oportunista y que repetidamente se ha negado a iniciar negociaciones de buena fe, los miembros del Grupo han solicitado un fallo judicial que fundamente su posición como primer paso para hacer valer sus derechos contractuales. El Grupo pretende exigir el abono íntegro de sus pagos contractuales de intereses, capital y penalizaciones en caso de no alcanzarse una solución negociada.
Los miembros del Grupo han contratado los servicios de los bufetes Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y White & Case LLP para que emprendan sus demandas legales.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de los bonistas que acudieron a la justicia norteamericana después de que el gobierno La Rioja defaulteara el pago de capital e intereses del bono emitido para financiar un parque eólico que vendió hace un tiempo.
La justicia ordenó a la administración de Ricardo Quintela cancelar US$39,9 millones luego de que un grupo de acreedores pidiera un juicio sumario hace dos semanas. La Rioja es la primera provincia en entrar en cesación de pagos en la era libertaria.
El 26 de agosto pasado, en una nota a la dirección de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, el ministro de Finanzas provincial, Jorge Quintero, indicó que no pagaría ni el capital ni los intereses de sus bonos internacionales con vencimiento en 2028. Allí dijo que estaba en “proceso de negociación con los acreedores”.
El 24 de febrero pasado, la provincia, que emitió cuasimonedas (conocidos como “chachos”), debía abonar US$16 millones de capital de un bono en moneda extranjera que fue colocado en 2017 para financiar un parque eólico que terminó vendiendo. Después, tampoco pagó los intereses.
En el mismo mes, el gobierno de Quintela (quien aspira a presidir el PJ nacional) argumentó que enfrentaba “desafíos económicos sin precedentes” debido a “la contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio”.
A su vez, añadió que era perjudicado por la deuda de fondos coparticipables por parte de la Nación, lo cual hace que “los ingresos de la provincia sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales”.
