Pero la ayuda llega envuelta en una acusación muy fuerte: “La Rioja necesita que alguien vaya preso”
En casi 48 horas de vértigo político, la provincia en default logró ser incluida en la lista de distritos que recibirán asistencia nacional —una grilla y media salarial en concepto de adelanto de coparticipación federal— después de que el presidente de la Cámara de Diputados dialogara con el ministro de Economía Luis Caputo, con la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y con el secretario de la Gobernación riojana Ricardo Herrera.
Más tarde, Martín Menem cobró el gesto con una moneda que nadie esperaba: acusó a la administración Quintela de manejar «cajas negras», cuestionó el destino de los fondos provinciales y afirmó que alguien…. debe ir preso!!
Milei autorizó que La Rioja sea incluida en la grilla de provincias asistidas financieramente —una docena de distritos en total— y habilitó el envío de una grilla y media salarial en concepto de adelanto de coparticipación federal. El mecanismo es técnicamente preciso: no se trata de una transferencia discrecional ni de un subsidio político, sino de fondos que en rigor le corresponden a la provincia por el esquema de distribución federal, pero que el Gobierno nacional adelanta ante la imposibilidad de la administración provincial de afrontar el pago de sueldos con los recursos disponibles.
Sin embargo, la condición impuesta por la Nación pone a Quintela ante una incomodidad que va más allá de lo financiero: la Gobernación debe presentar previamente una nota formal de pedido. Es decir, el gobierno que lleva meses denunciando el «ataque» del Estado central a las provincias debe ahora solicitar por escrito el auxilio de ese mismo Estado. Una pequeña rendición simbólica que el Ejecutivo nacional parece haber exigido con conciencia plena de su significado político.
El argumento que desarrolló a continuación Martín Menem, fue específico y devastador: de los fondos que recibe la provincia —incluidos los de coparticipación federal— sostuvo que «solo la mitad del dinero va para sueldos», mientras que «la otra mitad va en gastos de funcionamiento y ahí aparecen las cajas negras de la política». El remate fue una frase que en cualquier contexto judicial sonaría a denuncia formal: «Nadie sabe qué pasó con el dinero.»
«Tenemos que saber qué hacen con la plata», concluyó, en una frase que en el escenario político riojano suena a ultimátum y que, implícitamente, le pone condiciones políticas al adelanto que él mismo acaba de gestionar.
Y la respuesta del gobernador no se hizo esperar. Quintela dejó en claro que la provincia no aceptará acuerdos que impliquen resignar sus reclamos históricos —la deuda acumulada en concepto de coparticipación que el quintelismo estima en 1.300 millones de dólares— a cambio de montos que considera insuficientes, y lo hizo con la frase que ya se convirtió en su marca registrada de esta etapa: «No vamos a bajar nuestras convicciones por dos pesos con cincuenta.»
