El argentino cercano a Keiko Fujimori está acusado de fraude en varios países.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, enfrenta una fuerte crisis política luego de que la prensa local revelara sus vínculos con Damián Valenzuela Mayer, un asesor político argentino que está acusado de fraudes que suman millones de dólares en varios países.
El caso tomó de inmediato una fuerte relevancia, ya que estalló de manera simultánea a la conmoción que ha provocado en América Latina la detención de Fernando Cerimedo, el argentino que asesoró a la mayoría de los políticos de derecha en la región y que ahora se encuentra preso en Bolivia, acusado de intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y delitos de narcotráfico.
Hasta ahora, la captura de Cerimedo no había tenido mayor impacto en Perú dado que no hay pruebas de que haya asesorado a Fujimori. Sin embargo, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló este mes que otro cuestionado consultor argentino sí participó en la campaña.
«(Valenzuela Mayer) tiene una relación muy estrecha con Fujimori desde hace un año. Fue parte del círculo más cerrado de la campaña de Fuerza Popular. Tuvo asiento especial en el Congreso el 28 de julio, durante los actos de asunción del cargo y más tarde en Palacio de Gobierno, en la juramentación del gabinete», afirmó.
También aseguró que el empresario, quien enfrenta múltiples sanciones y procesos judiciales por presunto fraude, mantiene una fuerte influencia en el Gobierno de Fujimori, quien recién asumió el pasado 28 de julio.
Pero de todo esto nada se sabía hasta que el semanario publicó fotos que prueban que, pocos días antes de que Fujimori comenzara su Gobierno, se reunió en secreto con Valenzuela Mayer durante dos horas en un spa ubicado en Lima. No era la primera vez y nada tenía que ver con cuestiones sentimentales, como se especuló en un primer momento.
Entonces se descubrió que, desde noviembre del año pasado, el argentino viajó por lo menos en 11 ocasiones a la capital peruana; que tiene cinco denuncias civiles por fraude en Florida (EE.UU.) y que en tres casos se le ha condenado a pagar a clientes que reclaman 13 millones de dólares. Las denuncias se repiten con otras víctimas que lo han demandado en Argentina y Uruguay, lo que ha puesto a Fujimori y a su Gobierno en el ojo del huracán.
