Juana Ávalos es la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos.
Desde ese espacio, se consolidó como una de las voces más activas de la provincia en la defensa de los derechos del sector pasivo, con planteos frecuentes sobre la recomposición salarial de jubilados y pensionados, el estado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y las políticas de salud destinadas a los adultos mayores.
En los últimos años, encabezó reclamos por la actualización de haberes previsionales por encima de la inflación, cuestionó la disolución del Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) y su reemplazo por la Obra Social de Entre Ríos (Oser), y denunció recortes en la cobertura de medicamentos y prestaciones para los jubilados entrerrianos.
También impulsó la federalización de la organización gremial, promoviendo la creación y normalización de centros de jubilados de ATE en distintas localidades del interior provincial, como Tala, Nogoyá, Victoria, Diamante, Colón y San José.
A través de la entrevista mantenida Chochi Reynoso, la conductora de Eco de Jubilados, Ávalos manifestó que la falta de sustentabilidad de las cajas de jubilaciones provinciales y nacionales responde a un fuerte déficit financiero impulsado por el envejecimiento poblacional, la disminución de la relación entre trabajadores activos y jubilados, y los desequilibrios en las cuentas públicas. Los gobiernos provinciales (como en Entre Ríos o Santa Fe) discuten reformas urgentes para evitar el colapso del sistema previsional.
También Juana Ávalos dijo que informes de centros de estudios y organizaciones sindicales y sociales denuncian un exceso de mortalidad en adultos mayores durante el gobierno de Javier Milei. Atribuyen este incremento a la crisis y recortes en las prestaciones del PAMI ya las dificultades para acceder a medicamentos y atención médica
Informes sectoriales comparan este aumento porcentual en el exceso de mortalidad con los niveles observados en etapas críticas previas, como la pandemia de COVID-19.
Mientras agrupaciones de jubilados y sindicatos mantienen reclamos públicos y movilizaciones para exigir la emergencia provisional y sanitaria, el Gobierno Nacional sostiene su esquema de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la asignación de bonos extraordinarios para los haberes mínimos con el fin de contener el impacto inflacionario en los ingresos administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)
