Muchos jubilados, organizaciones sociales y sectores de la oposición argumentan que los funcionarios viven alejados del día a día.
Señalan que los haberes mínimos de las jubilaciones frecuentemente quedan rezagados frente a la inflación y el costo de la canasta básica total, lo que dificulta cubrir necesidades elementales como alimentación y vivienda.
Se critica recurrentemente la gestión de la obra social estatal (PAMI), denunciando demoras en turnos médicos, burocracia y recortes en la cobertura de medicamentos gratuitos, lo que es visto como una falta de empatía o desconocimiento de la urgencia de estas prestaciones.
Las medidas políticas de “alto impacto”, como el veto presidencial a leyes de movilidad jubilatoria que buscaban recomponer los ingresos, suelen ser interpretadas como una muestra de insensibilidad hacia el sector más vulnerable.
